Los Países Bajos han puesto sobre la mesa una reforma fiscal que ha encendido todas las alarmas. El Gobierno holandés ha activado una propuesta, pendiente aún de aprobación definitiva por el Senado, que contempla la aplicación de un impuesto del 36% sobre las ganancias de capital no realizadas en activos financieros. Si la medida recibe luz verde, entraría en vigor el 1 de enero de 2028.

¿Y qué son las plusvalías no realizadas? Se trata del aumento de valor de una inversión que todavía no se ha vendido. Es decir, si un inversor compra acciones por 100 EUR y su cotización sube hasta 150, esos 50 EUR adicionales constituyen una ganancia latente. Con la nueva normativa, esa revalorización teórica pasaría a tributar aunque el inversor no haya materializado la venta.

Pero, ¿y sí al año siguiente esa misma acción pasa de valer 150€, a 85€? Estaríamos hablando de que el inversor podría verse obligado a tributar por una revalorización que posteriormente desaparezca. El debate no es menor. Al fin y al cabo, uno de los pilares de la inversión a largo plazo es el efecto del interés compuesto, por el cual las ganancias generadas producen nuevas ganancias en el tiempo. Gravar beneficios que aún no se han consolidado supone un ataque directo a ese mecanismo y altera el atractivo de estrategias como el “comprar y mantener”.

¿Existen posibilidades de un efecto contagio?

Ahora bien, el problema ya no es que el país neerlandés esté a punto de aprobar dicha medida claramente contraria al efecto capitalización de la sociedad civil. El problema real es el más que posible efecto contagio entre otros países europeos gobernados por políticos necesitados de rapiñar hasta el último euro del contribuyente.

Bien es cierto que en el caso de España, los expertos consideran que el escenario es, por ahora, poco probable. La Constitución española establece límites a la confiscatoriedad de los impuestos y el sistema ya contempla figuras que gravan el patrimonio, lo que podría generar situaciones de doble imposición.

Un debate latente

Pero aún así, el debate está abierto. Por ejemplo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de revisar la fiscalidad del ahorro para evitar que determinadas plusvalías permanezcan sin tributar durante décadas. Pero claro, en un escenario hipotético en el que una medida similar se aplicara en España, los efectos podrían ser significativos.

Por un lado, se incentivaría la búsqueda de activos exentos, como podría ocurrir con el mercado inmobiliario si quedara fuera del alcance del impuesto (lo que añadiría más presión a la demanda, a un mercado que por el lado de la oferta ya está roto). Y por el otro, se desincentivaría la inversión a largo plazo, reduciendo el atractivo de estrategias de acumulación sostenida de capital. Por no hablar de incrementos en la fuga de capitales, menor llegada de inversión extranjera, o simplemente una reducción de la liquidez en los mercados financieros.

Por el momento, y aunque todavía está pendiente de aprobación definitiva en los Países Bajos, el debate sigue abierto: ¿hasta qué punto resulta razonable gravar ganancias que aún no se han materializado y cuyo valor podría cambiar con el tiempo, simplemente para parchear un modelo de Estado que hace tiempo que pide una revisión a gritos?