Fallo histórico del Tribunal de Justicia de EEUU contra la política comercial de Donald Trump, en el que no solo se suspenden los aranceles al mundo, sino que obliga al gobierno federal a devolver a las empresas el dinero recaudado. Un acumulado superior a 150.000 millones USD que podrá contra las cuerdas la próxima reelección del magnate estadounidense en las elecciones del Midterm previstas para noviembre de este año, y podría disparar la ya elevada deuda de EEUU —y, sobre todo, el coste de la misma— a niveles de verdadero tensionamiento fiscal.

Aranceles ilegales con sentencia retroactiva

El Supremo, por 6 votos a 3, ha concluido que Donald Trump no tenía base legal para imponer la mayoría de los aranceles generales utilizando la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias (IEEPA por sus siglas en inglés). De hecho, los jueces aseguran que en caso de aceptar la interpretación de Trump, supondría otorgar al presidente un poder prácticamente ilimitado para crear impuestos comerciales, algo que constitucionalmente corresponde al Congreso. Por eso, subrayan que su decisión no es política ni económica, sino estrictamente jurídica. Con todo, las exportaciones de la UE pasarán a estar gravadas del 15% al 10%, y las de China bajan del 45% al 10%, mientras que algunas exportaciones de México y Canadá volverán al 0%, protegidas por el tratado comercial USMCA.

Un fallo con carácter retroactivo

Pero además, el fallo establece que todas las órdenes ejecutivas que impusieron esos aranceles quedan anuladas con efecto retroactivo. Es decir, legalmente nunca debieron aplicarse. Y aquí viene el gran problema, devolver todo ese dinero —estimado en unos 150.000 millones USD—, supondría profundizar más el ya de por sí elevado déficit comercial de EEUU, en un momento en el que el coste de la deuda se ubica en torno al 4%, lo que se considera bastante elevado —sobre todo en comparación a la década pasada—.

El propio Tribunal reconoce que el proceso será complejo, ya que buena parte de esos costes ya se trasladaron a los consumidores vía precios más altos, lo que planteará un enorme problema.

El Plan B de Trump

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, Trump no ha tardado en reaccionar, activando lo que él mismo ha denominado “su plan B”. Una estrategia ideada para mantener la presión arancelaria sin chocar de frente, al menos de momento, con los tribunales.

Para ello, se servirá de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que le permite imponer aranceles generales de hasta el 15% —aunque finalmente ha optado por una tarifa del 10%— a todas las importaciones en situaciones de desequilibrio comercial, solo durante 150 días.

Por otro lado, planea rearmar legalmente los aranceles sectoriales y específicos, haciendo uso de la legalidad vigente en base a una normativa —Ley de Expansión Comercial de 1962—, que también le ofrece la posibilidad de grabar aranceles por motivos de seguridad nacional, a productos concretos y de forma global, y no negociando país por país.

Un golpe en un momento delicado

Sin duda, todo este chaparrón judicial llega en un momento especialmente delicado para el Presidente de los EEUU. La anulación de los aranceles elimina una de las pocas fuentes de ingresos adicionales del Gobierno, y deja en el aire promesas clave de la campaña de Trump para las elecciones del Midterm, como eran los cheques de 2.000 dólares a las familias de clase media, o un fuerte aumento del gasto militar.

Además, este fallo podría salpicar de forma negativa a los mercados, que ya empezaban a descontar una nueva entrada de capital minorista —los famosos dividendos de los aranceles—, en particular a los activos de riesgo, así como pequeñas y medianas empresas carentes de flujos estables de beneficios.