Quizás por su nombre pocos le conozcan, pero podríamos decir que es algo así como el Amancio Ortega de la start-up española. Hablamos de Óscar Pierre, el ideólogo y cofundador de Glovo, que creó la compañía hace algo más de 10 años (en 2014),  con la visión de revolucionar la entrega a domicilio en España.

Oscar Pierre y la fundación de Glovo

Con apenas 22 años, y de formación ingeniero aeronáutico, lo tuvo claro desde que volvió de sus estudios en EEUU. Había que crear una empresa de reparto a domicilio con un modelo de negocio que permitiera a los usuarios recibir cualquier producto en menos de una hora, apoyándose en una red de repartidores autónomos. Su nombre: Glovo. Y su propuesta empezó tan desde la austeridad, que las primeras reuniones de empresa entre los tres socios, las hacían en uno de los McDonals más céntricos de Barcelona.

Y de McDonald al cielo. Su propuesta creció rápidamente, expandiéndose a 22 países y más de 500 ciudades (en menos de una década), gestionando cientos de millones de pedidos al año. Pero subió demasiado rápido en muy poco tiempo, y más pronto que tarde, el fisco español puso sus ojos en alguien que había hecho lo prohibido: triunfar partiendo desde la nada, convirtiendo una idea de tres amigos en un unicornio valorado en más de 1.000 millones USD.

Más de 500 millones de euros en sanciones

Así pues, el éxito de Glovo se ha visto ensombrecido por una constante lucha con el marco regulatorio español. La compañía ha sido objeto de diversas sanciones por su modelo de contratación, considerado ilegal por las autoridades, sobre todo tras la aprobación de la polémica la Ley Rider en 2021,1BOE de la aprobación de la Ley que dictaba que todo autónomo que tan solo tuviera un único pagador, debería ser considerado un asalariado, y, por tanto, pasar a formar parte de la plantilla de la empresa bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores.

Desde entonces las multas fluyeron como un caudal de río bravo:

  • Hubo una primera multa inicial de 78,7 millones EUR por la situación laboral de más de 10.000 repartidores en Barcelona y Valencia.

  • A esto se sumó otra sanción en 2023, esta vez de 57 millones EUR, impuesta por la Inspección de Trabajo en Madrid por la contratación de 7.000 falsos autónomos.

  • Y en la actualidad, la compañía se enfrenta a una sanción de más de 500 millones EUR por -supuestamente- tener contratos en régimen de falsos autónomos a más de 60.000 trabajadores.

El futuro de España: ¿Emprendedores o funcionarios?

Durante años, Pierre siempre defendió que su modelo era legal y respondía a las necesidades del mercado. Sin embargo, esto invita a hacer una reflexión aún mayor. El problema de fondo no es solo el de Glovo, sino el choque entre la realidad del mercado y una normativa laboral que no ha evolucionado al ritmo de los nuevos modelos de negocio.

En el sector del delivery (o entrega domicilio), la demanda no es estable: se dispara en determinadas horas o días –como un domingo por la noche o durante un partido de Champions–, pero se desploma en momentos de menor actividad -como un martes o miércoles de 09:00 a 12:30 y de 15:30 a 19:00-. A pesar de esto, la legislación obliga a contratar bajo jornadas fijas, sin contemplar la flexibilidad que este tipo de actividad requiere.

El debate no es menor. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, celebra los ingresos extra que generarán los 15.000 empleados de Glovo, surgen preguntas sobre el futuro de estos mismos trabajadores. ¿Mantendrán sus empleos cuando la empresa tenga que asumir mayores costes laborales?, o por el contrario, si Glovo no logra operar con rentabilidad bajo este nuevo esquema, ¿buena parte de su actual plantilla, acabará perdiendo su fuente de ingresos? Recordemos que por un motivo como este la británica Devileroo ya se fue de España en 2022.

España, un entorno hostil al emprendimiento

Y es que el caso de éxito de Glovo refleja un problema más amplio: el entorno hostil al emprendimiento en el país. España tiene una de las cotizaciones sociales más altas de Europa, lo que encarece la contratación y dificulta la competitividad de las empresas emergentes. La burocracia, la fiscalidad y una legislación rígida ahogan a muchos proyectos antes de que tengan oportunidad de consolidarse.

El desenlace de Glovo marcará un precedente. Si las leyes no se adaptan a la evolución del mercado, las consecuencias serán claras: menos innovación, menos inversión y más emprendedores buscando oportunidades fuera de España, y todo ello mientras que más de la mitad de los universitarios españoles aspiran a ser funcionarios.

La pregunta aquí es obvia: ¿Si el país sigue castigando a aquellos que crean empleo arriesgando su solvencia, quién estará dispuesto a seguir creando riqueza? Porque recordemos que la única forma de repartir esa riqueza de la que tanto se habla, es primero permitiendo que pueda ser creada.