El Gobierno español acaba de aprobar la conocida como "Tasa Tobin", un impuesto a las transacciones financieras, con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé recaudar 850 millones de euros.

El proyecto de ley que regula el impuesto obliga a los intermediarios financieros a pagar una tasa de del 0,2% sobre las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas, cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Trasladado a la composición de la bolsa española, esto equivale a más de la mitad de las empresas cotizadas españolas, que se verán afectadas por la nueva tasa, así como también sus accionistas, en caso de que los intermediarios financieros compensen el gravamen incrementando las comisiones de intermediación en bolsa que cobran a sus clientes.

La "tasa Tobin" no solo repercute a las grandes compañías españolas que cotizan en el mercado nacional, sino también a las que cotizan en otras bolsas a través de ADR (Recibos de Depósito Americanos).

En cambio, queda exenta de esta tasa la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.

Considerando la negociación media diaria del mercado, se estima que la recaudación anual por el impuesto a las transacciones financieras podría estar cerca de los 1.000 millones de euros.

Junto con la "tasa Tobin", el Gobierno también ha aprobado la "tasa Google", que gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

A tenor de lo que ha propuesto la Comisión Europea , el gravamen en concreto será del 3% de los servicios de publicidad o de intermediación en línea, así como de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o de la venta de metadatos.

La recaudación que se espera obtener mediante la "tasa Google" es de 1.200 millones de euros.