Hasta ahora, cuando a una empresa cotizada se le abría un expediente sancionador, éste solo se hacía público cuando estaba cerrado y aprobado por el Consejo de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

De esta forma, desde que la empresa en cuestión empezaba a ser investigada hasta que se resolvía el procedimiento sancionador, podían transcurrir seis meses o, incluso, un año en caso de recursos. Esta discreción le venía muy bien a la empresa, porque preservaba su reputación, pero, en cambio, exponía a los inversores al riesgo de estar usando un producto problemático.

En este sentido, la CNMV ha decidido anteponer los intereses de los inversores a los de las empresas y ha aprobado una directriz para publicar desde el inicio el nombre de las empresas y personas a las que abra un expediente sancionador.
Anteriormente, el supervisor español solo había anunciado, de forma excepcional, alguna investigación a empresas cotizadas con grandes repercusiones públicas, como Pescanova y Gowex. También solía publicar los nombres de chiringuitos financieros que estaban trabajando sin autorización y eran denunciados.

Con la nueva norma, publicitará los expedientes para mejorar la transparencia en los mercados, tal y como hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, la CNMV hará públicos el nombre de la empresa y el de las personas implicadas, excluyendo datos confidenciales y sin que perjudique a la investigación.

Según el presidente de la institución, Sebastián Albella, se ha establecido "una serie de criterios para asegurar que se hace un uso adecuado y equilibrado de la publicación de la incoación de expedientes, que se hará cuando concurran circunstancias como que sean casos relevantes que generen especial interés de la opinión pública, que supongan prácticas indebidas de especial gravedad sobre las que interese dirigir un mensaje general al mercado para que no se propague o que, siendo de especial gravedad, se produzca reincidencia".

Recordemos que, solo en 2017, la CNMV abrió un total de 16 expedientes sancionadores a entidades por la comisión de 23 presuntas infracciones a la Ley del Mercado de Valores, la mayoría muy graves.