En febrero de 2018, entrará en vigor en toda Europa la nueva directiva comunitaria de servicios de pago PSD2. Su objetivo es contribuir al desarrollo del mercado de los pagos electrónicos dentro de la Unión Europea y normalizar así los nuevos métodos de pago, como los que se realizan online o a través del móvil.

Una de las novedades que traerá esta directiva y que está despertando preocupación en el sector bancario es la que afecta a los servicios de pagos de los bancos a terceras empresas, puesto que obligará a los bancos a ceder a terceros datos de sus clientes si éstos lo aprueban.

Es decir, ahora, cuando realizamos una compra en Internet, el comercio ha de pasar para el cobro por una serie de intermediarios, como los proveedores de pagos electrónicos y la compañía de la tarjeta (Visa, Mastercard...).

Con la nueva directiva PSD2, el cliente podrá autorizar al comercio para que ejecute los pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Entonces, el comercio y el banco se comunicarán directamente utilizando una aplicación.

En realidad, lo que se pretende con esta medida es ofrecer a los consumidores europeos soluciones más económicas para los pagos, pero también va a suponer un incremento de la competencia entre los bancos. ¿Por qué? Porque cualquier banco, una vez consiga la autorización del cliente, podrá acceder a los datos del mismo (cuentas, fondos, etc) en las entidades de la competencia. Por tanto, en el momento en que un banco tenga la aprobación de un cliente para acceder a sus datos, podrá conocer su posición en otras entidades y tratará de hacerle mejores ofertas. Y, de igual forma, lo podrán hacer las fintech.

La idea de base que ha impulsado esta medida de la PSD2 es que los datos bancarios no son de los bancos, sino de sus clientes, los cuales pueden cederlos a otras empresas. No obstante, estas empresas estarán obligadas a cumplir las mismas reglas que los proveedores de servicios de pago tradicionales (registro, autorización y supervisión por las autoridades competentes).